En los primeros días del año 1950 consagrado al recuerdo del Libertador General José de San Martín, la visita del gobernador Coronel Domingo Mercante constituyó un hecho político sumamente significativo para la ciudad de Rojas.

Fue recibido por el intendente German Glineur en el Palacio Municipal y previo a las palabras de Mercante ante la multitud reunida en torno al palco instalado en la avenida 25 de Mayo, hizo uso de la palabra el por entonces candidato a legislador bonaerense Julio Darío Alessandro.

Allí el candidato aprovechó para pasar revista de las distintas obras ejecutadas por la administración provincial que habían beneficiado al distrito -algunas inauguradas y otros en ejecución- como la actual ruta 31 y la que une a Rojas con Chacabuco, un matadero municipal modelo, un nuevo dispensario materno infantil y la habilitación de la delegación del Ministerio de Educación y del primer Jardín de Infantes estatal. Del mismo modo aprovechó la oportunidad para destacar el anuncio presidencial respecto a la próxima inauguración de 500 escuelas en el ámbito provincial y en marco de su ambicioso programa educativo.

Aunque el asunto al que le dedicó un párrafo más extenso fue el vinculado a la política agraria aplicada por el peronismo, en particular la tendencia a la eliminación del latifundio. “Una de las mas grandes conquistas -señaló- la constituye el principio renovado que tiene ahora el principio de propiedad que ha sobrepasado la condición de un derecho individual para ser antes que nada un derecho de la colectividad”.. Del mismo modo destacó el renovado brío que se pensaba brindar a la acción cooperativa en el ámbito rural.

Con aquellas palabras el orador no hacía sino reafirmar el perfil de la política agraria que venía desarrollando el gobierno del general Perón -de particular incidencia en Rojas y zonas aledañas, por su perfil agrario- sustentada en medidas políticas concretas, mediante el dictado de normas regulatorias respecto de la tenencia de la tierra (ley 13.246 de arrendamientos) y de las relaciones laborales (ley 13.020), que resultaron complementarias de otras que había concretado durante el período 1944/46, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, tales como el Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Tambero mediero, que en el ámbito bonaerense y de modo consecuente implementaba el gobernador Mercante, convencido que posibilitar que la "familia campesina" accediera a la propiedad de la tierra era el medio idóneo para favorecer su asentamiento y detener las migraciones hacia los centros urbanos.

En particular mediante dos disposiciones fundamentales: la creación del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense y la sanción de una nueva Ley Provincial de Colonización, Nº 5286 promulgada en octubre de 1948.

A partir de allí, se delegaron las actividades colonizadoras a un organismo creado especialmente para ello: el Instituto Autárquico de Colonización de la Provincia de Buenos Aires, investido de amplias atribuciones que revelaron el mayor compromiso gubernamental con la causa agraria.

Fue por eso que enmarcado en la consigna del combate al latifundio y arraigar al agricultor, dio comienzo en la Provincia de Buenos Aires un álgido período de expropiaciones de predios rurales que habilitó durante su trámite legislativo encendidos debates.

De ello dieron cuenta colonias en General Pinto, General Villegas, Necochea, Tandil y Florencio Varela albergaron a 370 familias. A estas se sumó la Colonia de Carmen de Patagones. Se expropiaron 27 campos cubriendo una superficie de 147.462 hectáreas en diversos partidos de la provincia incluidos el actual parque Pereyra Iraola y el Swift Golf de la localidad de Manuel B. Gonnet. Se propició además la creación de 238 cooperativas agrarias.

Aquel día de la presencia de Mercante en Rojas, la concurrencia de un nutrido grupo de colonos de San Jacinto portando un enorme cartel alusivo a la situación que vivían en aquel amplio predio, fue advertido por el gobernador quien los recibió y posibilitó que pusieran en conocimiento del Ministro de Asuntos Agrarios allí también presente, sus inquietudes, circunstancia ésta que fue debidamente destacada por la prensa local.

En la zona, una de las estancias afectadas al proceso de colonización y que consiguientemente fue loteada fue el establecimiento El Carmen, de propiedad de la familia Bemberg.

La toma de posesión de los campos, se concretó el 10 de diciembre de 1948, cuando el alguacil del Juzgado de Paz de Rojas, Sr. Prudencio N. Battista, por disposición del Juzgado de San Nicolás donde tramitó el juicio de expropiación promovido por el Estado Nacional a través del Banco de la Nación Argentina, puso en posesión del inmueble, ubicado en el cuartel 5to. al Gerente de la sucursal local Sr. Justo M. Barbieri.

El episodio de referencia se encuadraba en las disposiciones de la Ley 12.636 de Colonización y a partir de allí, los agricultores interesados podían acercarse hasta la Gerencia del Banco de la Nación para recoger los informes sobre las condiciones en que serían ofrecidos esos lotes, conforme a la política oficial de acceso a la tierra.

La prensa local reseñó elogiosamente aquella medida, destacando el simbolismo del acto “destinado a marcar un verdadero jalón en la lucha de los agricultores por llegar a la propiedad de la tierra que trabajan..”.

En esa línea, merece destacarse el extenso alegato expresado en un artículo que bajo el título: “Progreso Vs. Latifundio”, y subtitulado: “Un señalado triunfo del progreso contra el latifundio”, señaló: “Las grandes extensiones de tierra en manos de un mismo propietario han constituido y constituirán siempre el enemigo declarado del desenvolvimiento de los arrendatarios que la trabajan, y serán la cintura que oprimen constantemente, impidiendo la expansión de los pueblos, hasta ahogar su progreso en sus distintas manifestaciones. Nuestro partido y especialmente la ciudad misma han sentido en carne propia la funesta influencia del latifundio y su estancamiento económico de tantos años tiene su origen directo en la proximidad de esos campos de un solo dueño, como La Caldera, La Soledad, San Jacinto, El Carmen, La vigía, etc. hoy felizmente ya subdivididos unos y en vías de loteamiento otros, que han encerrado por todos los puntos cardinales su expansión territorial y han impedido la instalación de pequeños propietarios, que son la piedra fundamental del progreso de la ciudad o pueblo donde se sirven y abastecen, pues la riqueza obtenida de la tierra que trabajan queda en la zona de influencia y no va a engrosar lasa voluminosas cuentas bancarias del propietario del latifundio que por lo general lo gasta en el extranjero”, y culmina destacando la satisfacción de los periodistas del medio periodístico por ese acontecimiento que entendían estaba destinado a imprimir “nuevo ritmo al progreso de Rojas” (1).

Con posterioridad, aquellas 5700 hectáreas se dividieron en 48 lotes destinadas a otras tantas familias de colonos.

Lo mismo ocurrió con otros grandes campos, como La Soledad, El Chajá, Los Ángeles, La Vuelta y La Concepción (5.000 has. en el cuartel 10mo. cuya propietaria era la Sra. Delia de Alzaga Unzue de Pereyra Iraola.

En aquel período cerca de 32.500 hs. fueron entregadas a 348 colonos o arrendatarios que se convirtieron finalmente en propietarios.

El artículo aludido sin duda era la continuidad de otro anterior (2) en que el diario había destacado también la importancia de la sanción por el Congreso Nacional de la Ley que establecía un nuevo Régimen de Arrendamientos y Aparcerías Rurales. Es que si bien merced al decreto 35.838/47 los productores arrendatarios habían sido favorecidos transitoriamente con las prórrogas de sus contratos, a partir del nuevo régimen -otra de las medidas del gobierno peronista a su favor - pasaron a contar con reglas mucho mas claras y definitivas en sus relaciones contractuales con los grandes propietarios.

Pero lo más llamativo, en relación a todas aquellas medidas, es quizá la lectura actualizada de un notable aviso dirigido a “hacendados y agricultores del partido de Rojas”, que apareció en la prensa local y que estaba suscripto por la Clínica Avenida que funcionaba en la casona de la avenida 25 de Mayo al 125, dirigida por destacados profesionales de la ciudad.

Es que en razón del artículo 18 del Decreto Nº 28.169/44, conocido como Estatuto del Peón, recaía en los patrones la obligación de brindar a sus obreros, de modo complementario al salario fijado por el Estatuto, la asistencia médica y farmacéutica. Como por dicha normativa se autorizaba a los empleadores a transferir sus obligaciones a empresas profesionales que a juicio de la autoridad de aplicacionales las ediciones del año 1948 en el semanario Chispa las obligaciones a empresas profesionales, los mro asegurara la efectividad de los servicios sociales previstos, los médicos de la Clínica, orientaron precisamente hacia el sector su oferta.

El Estatuto, permitió asimismo a los peones rurales gozar de la protección social correspondiente a los trabajadores y por lo tanto a mejorar sus condiciones de vida laboral, habitacional, económica y social. Comenzaron asimismo a gozar del derecho al franco dominical, a la reducción de su jornada laboral, a mejorar sus condiciones habitacionales, disfrutar vacaciones pagas, a la mejora de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento en donde se desempeñaban y a la consiguiente dignificación de su salario (3).

Indudablemente el incremento en la demanda de los servicios médicos en razón del Estatuto, alentó a los facultativos de la Clínica Avenida a mantener durante casi todo ese año aquel anuncio (4).

Jorge Alessandro

(1)Semanario Chispa, edición del jueves 16 de diciembre de 1948. Página 1.

(2)Edición del jueves 16 de septiembre de 1948. Página 1.

(3)El Decreto 28.169/44 fue ratificado por el Congreso de la Nación el 8 de 0ctubre de 1944, pese a la oposición de la Sociedad Rural Argentina. A partir de allí esa fecha fue consagrada a conmemorar el Día del Trabajador Rural. Mantuvo su vigencia durante 36 años, hasta que fue derogada durante la última dictadura militar, por impulso del ex ministro de Hacienda, Alfredo Martínez de Hoz, nieto del primer presidente de la Sociedad Rural.

(4) El aviso apareció durante casi todas las ediciones del año 1948 en el semanario Chispa.

NOTA DEL DIRECTOR: considero importante agregar que se hicieron edificios para todas las escuelas rurales con vivienda para la directora y Clyfer recibió un fuerte apoyo del gobierno provincial. Los inquilinos urbanos y rurales lograron congelación de precios y prórroga de sus contratos. En 1951 votaron las mujeres y resultó electa Carmen Salaber de Montesinos, cronológicamente primera diputada de nuestra zona. En 1953 se erigió el monumento ecuestre al Gral. José de San Martín, entre otros avances.

Extraído del portal https://www.historiasderojas.com.ar/