Conocido como "El Mudo" en el ambiente policial, el hombre protagonizó numerosos hurtos a lo largo de los últimos años. Incluso durante su última internación, habría intentado abusar de una mujer, lo que demuestra un claro agravamiento en su condición.

Ante la falta de respuesta judicial, el año pasado el intendente Román Bouvier y el secretario de Seguridad del municipio ofrecieron una conferencia de prensa para alertar sobre la situación.

Ambos reclamaron que Rodríguez fuese trasladado a una institución especializada, ya que el hospital local no contaba con los recursos ni el entorno adecuado para su tratamiento.

A pesar de ello, fue alojado allí de manera provisoria, mientras se tramitaban medidas para su eventual internación en un centro especializado. Durante su estadía en el hospital, intentó fugarse en varias ocasiones, requiriendo la intervención de la policía.

La propia familia reconoció públicamente que no puede hacerse cargo de él. Son beneficiarios de un exiguo subsidio por discapacidad que otorga el Estado nacional, pero carecen del espacio físico y los conocimientos para contenerlo.

Sin embargo, y contra toda lógica, en las últimas horas el juzgado ordenó su liberación. Rodríguez volvió a las calles de Rojas, donde es ampliamente conocido por sus antecedentes. En una ocasión, incluso fue golpeado por un vecino que lo sorprendió robando en su propiedad.

La jueza Muñoz Saggesse no habría dispuesto ninguna de las garantías mínimas que exige una medida de este tipo: ni controles psicológicos previos que certifiquen su aptitud para reinsertarse socialmente, ni la designación de una persona responsable ni un domicilio fijo. ¿Quién responde ahora por sus actos? ¿Quién lo cuidará? ¿Dónde vivirá si su familia no puede recibirlo?

Surge también una pregunta clave: ¿por qué deben el municipio, el hospital y la policía absorber las consecuencias de una decisión judicial que desatiende por completo la complejidad del caso? ¿Dónde están el Ministerio de Salud y el de Discapacidad, tanto a nivel provincial como nacional?

La comunidad exige respuestas. La jueza María Muñoz Saggesse debería explicar públicamente los fundamentos de una resolución que no solo expone a la ciudad a un potencial peligro, sino que priva a un hombre con una grave patología del tratamiento adecuado que merece y necesita.