Según pudo reconstruirse a partir de testimonios coincidentes y recorridas periodísticas, Federico Fernández, quien figura formalmente como secretario del bloque de La Libertad Avanza, no concurre al edificio del Concejo ni desarrolla tareas vinculadas a la función para la que fue designado.

A pesar de ello, percibe regularmente su remuneración, que se imputa a partidas presupuestarias aprobadas por el propio cuerpo deliberativo.

Si bien no existe una normativa pública de fácil acceso que detalle de manera específica las obligaciones del cargo dentro del Concejo local, la práctica habitual en concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires establece que los secretarios de bloque cumplen un rol central como personal político de apoyo.

Entre sus funciones se encuentran la asistencia directa a los concejales, la organización administrativa, la coordinación interna del bloque y, en muchos casos, la atención de consultas vinculadas a la labor legislativa.

En distintos reglamentos internos municipales se contempla que estos cargos requieren presencia regular en el ámbito del Concejo, ya que forman parte de su estructura operativa. Incluso, en otros distritos, las ausencias injustificadas del personal político pueden derivar en sanciones administrativas.

La falta de presencia del secretario de bloque de LLA adquiere mayor gravedad ante los testimonios de empleados y funcionarios del HCD, quienes aseguran no haberlo visto desempeñar funciones en lo que va del mandato.

Según las fuentes consultadas por Medios Virtuales, el área correspondiente al bloque permanece prácticamente inactiva, sin gestiones visibles ni atención institucional.

Este escenario contrasta de manera directa con la expectativa lógica de contraprestación que implica el cobro de un salario financiado con fondos públicos: presencia efectiva, cumplimiento de tareas administrativas y apoyo permanente a los concejales que representan a un espacio político ante la ciudadanía.

Vecinos y actores políticos de distintos sectores coincidieron en señalar que la situación excede una irregularidad administrativa y plantea un interrogante ético de fondo.

El sueldo se abona con recursos municipales aprobados por ordenanzas del propio Concejo, y la ausencia prolongada de cumplimiento de funciones vuelve a poner en discusión la eficiencia del gasto y la transparencia en la gestión pública local.

En un contexto de creciente demanda social por mayor control del uso de los recursos y del desempeño de los cargos políticos, el caso reabre el debate sobre las obligaciones reales de quienes ocupan funciones de apoyo legislativo y sobre la necesidad de mecanismos claros de seguimiento y responsabilidad dentro de los concejos deliberantes municipales.