VIDEO | La Libertad Avanza denunció al intendente y su cuñado por presuntas contrataciones irregulares
El bloque de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra el intendente Román Bouvier y un familiar directo, a partir de presuntas contrataciones irregulares dentro del Municipio.
La acusación fue expuesta públicamente por el concejal Lucio Borzi, quien detalló los hechos que, según indicó, ya se encuentran bajo análisis judicial.
Según explicó Borzi, desde marzo de 2024 se habrían detectado órdenes de compra mensuales a nombre de Ezequiel Gabani. En ese marco, el edil sostuvo que existiría un entramado de vínculos familiares que habría permitido eludir una incompatibilidad funcional.
El intendente está casado con Natalia Rossini, cuyo hermano, Matías Rossini, se desempeña como funcionario en el área de Parques y Paseos del Municipio. A su vez, Matías Rossini está casado con Florencia Gabani, presidenta del Consejo Escolar de Rojas, quien es hermana de Ezequiel.
De acuerdo con la denuncia, Matías Rossini, por su cargo, estaría legalmente impedido de contratar o facturar servicios al Municipio. Sin embargo, las tareas presuntamente realizadas habrían sido facturadas por un tercero, en este caso Ezequiel Gabani, con el objetivo de sortear dicha prohibición.
Borzi afirmó que Gabani reside en San Miguel y trabaja como contador en una empresa privada, y que se registró en el rubro de jardinería y mantenimiento de espacios verdes apenas 6 días antes de emitir la primera factura al Municipio.
El concejal remarcó que en la ciudad no se conoce ninguna empresa ni actividad previa de Gabani vinculada a ese rubro, y que los comprobantes emitidos serían, en su mayoría, correlativos, teniendo como único cliente al Municipio.
En total, los montos facturados alcanzarían los 43.020.300 pesos, cifra que, actualizada por el Índice de Precios al Consumidor, ascendería a 53.575.000 pesos a enero de 2026.
Desde La Libertad Avanza sostienen que los hechos podrían encuadrar, en principio, en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal. Además, no descartan la posible existencia de fraude en perjuicio de la administración pública, en caso de que se hayan abonado servicios no realizados, y de falsa ideología de instrumento público, por la presunta consignación de datos falsos en facturas y registros oficiales.
“La denuncia ya está en manos de la Justicia y esperamos que se investigue a fondo para esclarecer estos hechos”, concluyó Borzi.
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